Nuestra actitud es la que debe marcar la diferencia. (Pandemia y postpandemia en las artes escénicas)

Las líneas que comparto con ustedes, que ya se publicaron hace meses en papel, aluden a esos temas laborales a los que, como hoy mismo me ha dicho una persona ‘cultivada’, «no hace nadie ni caso». Estoy segura de que sí, de que la mayoría «no hace ni caso», como no hace ni caso a prácticamente nada que no le vendan muy bien los medios de masas. A mí me da igual. Son cuestiones importantes, curiosas incluso, que afectan a la vida de muchas. Que sirva como preámbulo a la conversación que mantuve hace unos días con Eva Moraga y que se publicará en papel en el próximo número de la ADE.

Extractos del artículo de A. Galán publicado en papel, en el número 188 de la revista ADE Teatro, dentro del monográfico Un teatro para después de la pandemia.

https://adeteatro.com/product/revista-ade-teatro-188/

Creo que a ninguna de las personas que nos dedicamos al sector de las artes escénicas se nos escapa que los meses de paro y encierro forzoso provocado por la crisis sanitaria del covid-19 supusieron una toma de tierra evidente con la realidad de una profesión que siempre ‘ha estado mal’ pero, por lo visto, ‘no lo suficientemente mal’: Si no, no se explica que ningún gobierno de la democracia haya sido capaz de hacer ‘algo’ con ella.

Se ha escrito mucho a lo largo de estos dos años (y no sólo en revistas especializadas o en informes profesionales, también en prensa generalista) sobre la situación de precariedad del sector cultural. Titulares como: “Las artes escénicas ya eran precarias antes de la pandemia”(Valencia Plaza,13/05/2021), “El 97% de las personas dedicadas a la interpretación y la danza apenas tiene ingresos para subsistir” (El Salto, 18/93/2021), “Un 20% de los trabajadores de la cultura en Cataluña han perdido el empleo por la pandemia” (La Vanguardia, 01/07/2021)o “Seis de cada diez trabajadores culturales recibieron propuestas para trabajar sin cobrar durante el confinamiento” (El Salto, 19/06/2020) son sólo un ejemplo de la grave situación de todo un sector profesional que se ha acostumbrado, durante demasiado tiempo, a vivir en el aire.

Si bien es cierto que “las artes escénicas ya eran precarias antes de la pandemia”, ésta dejó a miles de personas en casa y sin ningún derecho a solicitar ninguna ayuda o prestación estatal. Supongo que muchas familias fueron conscientes por primera vez de a ‘qué’ se dedicaban sus hijos, nietos o sobrinos a los que, incluso en alguna ocasión, ‘habían visto trabajando en la tele’. Para el Estado, para el gobierno, no se dedicaban ‘a nada’ y ‘nada’ (excepto las ayudas sociales generales, como el polémico Ingreso Mínimo Vital, puesto en marcha durante la pandemia) era lo que tenían derecho a reclamar.

La situación laboral de los trabajadores de las artes escénicas – de la cultura, en general- es compleja, variopinta y extremadamente desigual. Frente a un número importante de profesionales que alterna la creación artística con una actividad funcionarial – la docencia, por ejemplo – , el resto desarrolla su trabajo de manera independiente o creando equipos que, por mor de las leyes del país, deben ser sociedades mercantiles (SL) si quieren acceder al circuito profesional.

Los tipos de contratación están sujetos a cambio según decida la administración pública o la empresa privada para la que se trabaje (pueden pedir que seas autónomo – lo más habitual, si eres creador- o pueden pedir que seas trabajador por cuenta ajena – lo más habitual, si eres intérprete-). Y en muchísimos casos no hay contratación alguna: se trabaja ‘en negro’, en economía sumergida.

Respecto a los ingresos, los casos son también dispares. Si exceptuamos a un porcentaje minoritario de la profesión que puede permitirse – hablando en plata- ‘vivir como Dios’, el resto fluctúa en función de si su actividad artística es su fuente primordial de ingresos o si supone un ‘añadido’ a unos ingresos fijos (como es el caso del funcionariado) o a otros que provienen de otras actividades (la docencia impartida en talleres o escuelas privadas, por citar algún ejemplo).

En nuestro oficio es además habitual que muchos creadores (directores, coreógrafos, actores..) se hagan también responsables de proyectos culturales propios con proyección a largo plazo: es el caso de las compañías (miles, en España) o de pequeñísimas empresas de producción, creación o exhibición. En no pocas ocasiones suele ser la única manera de mantener una actividad profesional continuada que se engarce, a su vez, con los principios estético-ideológicos propios de cualquiera que se llame autor o creador. El asunto se complica, porque este impulso – necesario para la actividad artística- de crear espacios y estructuras diversos a los establecidos multiplica no sólo las horas de trabajo sino también los gastos: es un trabajo que resta dinero – mucho dinero – en el corto plazo, aunque su intención sea la de generar una estabilidad laboral y una independencia económica en el largo. Se trata de invertir o de re-invertir parte o todo lo que se gana, en producciones o creaciones nuevas sin la certeza de los beneficios económicos que estas producciones (sean obras de teatro, performances o libros) puedan generar.

A diferencia de otros países europeos, la pandemia atacó a los artistas españoles sin ningún marco jurídico propio que reconociera la idiosincrasia de nuestro trabajo que es, por naturaleza, intermitente, que está sujeto a proyectos concretos y a plazos determinados y que en un sistema económico neoliberal, como el que vivimos, nunca va a poder garantizar la estabilidad económica de un trabajo ‘fijo’, porque nuestros contratos son ‘por obra’, ‘por servicios’ y, por tanto, temporales.

Asimismo, atacó a todas esas compañías o equipos de trabajo que, como entidades jurídicas, eran responsables del trabajo e ingresos de sus colaboradores también sin ningún marco jurídico que las dotara de algún tipo de protección frente a la debacle económica que se les venía encima. Me permito citar el inicio del informe sobre «El Tercer Sector Profesional de las Artes Escénicas y la Música», realizado por un equipo de profesionales a petición del INAEM y publicado en noviembre de 2019, donde queda de manifiesto que muchos de estos equipos o compañías eran y son SL de manera obligada, aunque su idiosincrasia no se corresponda con lo que entendemos que es una empresa comercial habitual.

«Desde hace años el sector de las Artes Escénicas y de la Música (en adelante, AAEEM) ha venido manifestando de forma reiterada la necesidad de explorar nuevas formas jurídicas que se adecúen a las características reales de las organizaciones del sector. Ya sean entidades dedicadas a la creación, la producción, la distribución, la exhibición o la difusión han expuesto su incomodidad al haberse visto forzadas a conformarse bajo formas jurídicas mercantiles para poderse relacionar con el sector público y optar a los sistemasde apoyo y ayudas y a la contratación pública en cualquiera de los niveles de la Administración. Existe un malestar porque de alguna manera sienten que se les ha obligado a colocarse en fórmulas jurídicas pertenecientes al terreno del sector privado cuando, en realidad, por su idiosincrasia y manera de funcionar, les correspondería otro tipo de estructuras legales [ … ]»

https://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:ef907eb9-bb9f-49be-a99a-a046b58bf391/tercer-sector-profesional-artes-escenicas-musica.pdf).

No quiero detenerme mucho más en esta cuestión ya que pueden consultar el informe íntegro en la propia web del INAEM, sólo señalar que se realiza un estudio y análisis de los modelos de Reino Unido, Francia y Portugal, países vecinos que, desde hace años, contemplan las actividades artísticas y culturales desde ópticas mucho más acertadas y cuidadosas que la española. Y señalar también la fecha de publicación del informe (unos meses antes del ‘cierre total’) que tiene que ver también con la frase-titular con la que se iniciaron estas reflexiones (Las artes escénicas ya eran precarias antes de la pandemia) porque no deja de ser interesante la intensa actividad llevada a cabo por profesionales y asociaciones de profesionales, en los años previos a la crisis sanitaria: observatorios, encuestas o análisis que alertaban de la situación prácticamente insostenible del sector.

En Precariedades 2.0, texto elaborado por la Red de Teatros Alternativos y leído en la Comisión Ejecutiva del Consejo Estatal de las Artes Escénicas y de la Música el 9 de junio de 2018, Jacobo Pallarés (Presidente entonces de la Red) comenzaba diciendo:

«Es el momento. También decir que ya fue el momento. Y que los momentos pasan y que las ilusiones se gastan, bueno, en nuestro sector, no se gastan, se afianzan y se expanden, pero no dan de comer.» […] «Ya está bien. Solicitamos urgentemente un aumento de los presupuestos para la cultura. Para toda la cultura española y especialmente, por el lugar que ocupo, para la cultura escénica». Y terminaba con una frase que podríamos repetir hoy: «He visto, hemos visto compañeros de profesión dejando sus trabajos, cerrando sus puertas, aumentando sus deudas, haciendo ricos a los bancos y llorar en los pasillos; salir corriendo a buscar otro oficio […] Todos conocemos el paro insaciable de las artes escénicas.» https://redteatrosalternativos.org/ubu_digital/precariedades

Las reclamaciones del sector a las distintas administraciones públicas también se reflejaron en la prensa generalista: «Federación alerta de la precariedad que azota a las compañías de danza españolas» (La Vanguardia, 07/11/2018) «Las artes escénicas alzan la voz contra la precariedad» (Diario de Valladolid, 27/03/18) «Las artes escénicas instan a bajar el IVA de los cachés» (Diario de Valladolid, 08/11/2018), entre un largo etcétera. Quiero decir con esto que las administraciones públicas han estado siempre debidamente informadas y, por tanto, han debido ser conscientes de que las profesiones artísticas y culturales distaban mucho de estar cumpliendo los mínimos requisitos exigibles de dignidad laboral, mucho más si tenemos en cuenta que son profesiones exigentes, en las que la formación universitaria es superior a la media (un 69,3% de sus trabajadores, frente al 42,9% nacional, según informe del Ministerio de Cultura de 2018). Y son las administraciones públicas las que deben responder y actuar porque son las que tienen la capacidad de modificar legislaciones, crear nuevas normativas o aumentar los presupuestos. Se ha señalado ya en numerosas ocasiones pero conviene no olvidarlo: la financiación de la cultura, así como la mayor parte de su distribución, está en manos, de una u otra manera, del Estado. Por tanto, el Estado es el primer responsable de esta ya endémica precariedad.

Respuestas del gobierno y del resto de administraciones públicas

La prestación específica para actores y músicos que activó el gobierno fue muy aplaudida en su momento, pero planteó varios problemas: Uno, que la gran mayoría de los actores y músicos del país no tenía el número de altas en la Seguridad Social exigidas en los requisitos, por lo que se beneficiaron de ella muy pocos (según señala el informe de la Unión de Actores): “La prestación por desempleo extraordinaria sólo llegará a uno de cada diez artistas en 2021. En 2020 tan sólo llegó a un 23,67% del sector.” (Valencia Plaza, 14/04/21). Otro, que las ayudas se plantearon siguiendo los criterios generales del Servicio Público de Empleo Estatal y sin tener en cuenta las características específicas de nuestro sector, lo que ocasionó titulares como: “Artistas tendrán que devolver las Ayudas Covid por trabajar a tiempo parcial” (Europa Press, 02/08/2021), “El SEPE reclama ahora las Ayudas Covid a artistas a los que permitió hacer trabajos parciales: ‘No puedo devolver 5000 euros’” (Nius, 02/08/21), e intervenciones contundentes por parte de los sindicatos sectoriales: “Los actores tachan de insuficientes las últimas medidas para ayudar al sector porque obvian su ‘intermitencia’” (El País, 27/01/2021)

Para los creadores en régimen de trabajadores por cuenta propia no se planteó ninguna medida especial. Los que en ese momento estaban en activo – es decir, de alta y pagando su cuota- sí pudieron acogerse a la prestación general para autónomos. Más adelante gobierno y comunidades anunciaron la creación de una “Línea Covid de Ayudas Directas para Autónomos y Empresas Culturales”: una línea de ayuda que consistía en facilitar la tramitación de un aval bancario para solicitar un crédito (crédito que, por más que los intereses no fueran elevados, había o habrá que devolver después: veremos qué ocurre en este 2022 , cuando se comience a reclamar las cuotas)

Posteriormente, Comunidades Autónomas y gobierno lanzaron diferentes convocatorias de ayudas que – al margen de que en algunos lugares hayan sido más o menos eficaces- a mí se me antojan del todo insuficientes: con la pandemia los gastos para las compañías se han multiplicado, los cachés, curiosamente, han disminuido y el riesgo de que las funciones contratadas no lleguen a realizarse se mantiene:

«El ‘estado permanente de incertidumbre’ en las artes escénicas, a pesar de la relajación de medidas anti-covid» (eldiario.es, 26/02/21)

«La ‘nueva normalidad’ no resuelve la precariedad del sector de la cultura. Una situación con causas estructurales más profundas y que la pandemia no ha hecho más que agravar» (Público, 03/07/2021)

«La cultura pide auxilio, asfixiada por la pandemia» (Cinco Días, El País. 30/07/2021)

Desgraciadamente es cierto, la pandemia no ha terminado para nosotros: se siguen suspendiendo funciones por contagio y sorprendentemente el INAEM en 2021 recortó los presupuestos de las Ayudas a Giras haciendo inviable para muchas compañías aceptar la subvención. A los gastos habituales de un ‘bolo’ hay que sumarle hoy las pruebas PCR, los posibles ensayos para sustituir a los posibles contagiados y la no improbable cancelación de funciones que, aunque sea por motivos ajenos a la compañía, no te van a abonar jamás.

Como decía Jacobo Pallarés en su discurso de 2018, «Es el momento. También hay que decir que ya fue el momento. Ya está bien.» Ya es hora de decir ‘basta’ y de exigir – y digo exigir- no sólo una seriedad en los presupuestos destinados a la cultura, a las artes escénicas, sino una seriedad en el cumplimiento de las cuestiones acordadas en el Congreso de los Diputados y reconocer y dotar de claridad legal y jurídica a todos los trabajadores de la cultura, a TODOS, sean asalariados, sean autónomos, o alternen las dos condiciones por exigencia de las entidades contratantes.

Y estas reivindicaciones tiene que hacerlas , en primer lugar, el sector, los propios profesionales, porque nadie nos va a regalar nada.

2022: Implantación del Estatuto del Artista

En este 2022, con la implantación del Estatuto del Artista nos jugamos mucho, porque si se hace mal, conociendo cómo funciona este país, va a tener difícil arreglo. Me consta el enorme trabajo, sostenido desde la pandemia, de las asociaciones profesionales, las federaciones de empresarios y los sindicatos, que no han dejado de reunirse y de intentar llegar a acuerdos, a pesar de la diversidad de intereses.

Como vocal de la Junta Directiva de la ADE he participado desde el pasado mes de septiembre en la subcomisión específica del Estatuto del Artista de la Mesa del Foro de Mercartes y desde las primeras reuniones detectamos que podrían plantearse dificultades para el reconocimiento de la intermitencia en el caso de los creadores y trabajadores autónomos por lo que, junto a la Federación Estatal de Compañías y Empresas de Danza (FECED) y CircoRed, (Federación de Asociaciones de Circo en España) decidimos ahondar un poco más en el tema. Poco después establecimos un grupo de trabajo formado por la ADE, AAI (Asociación de Autores de Iluminación) AAPEE (Asociación de Artistas Plásticos Escénicos de España), FECED (Federación Estatal de Compañías y Empresas de Danza), CircoRed (Federación de Asociaciones de Circo en España) y Unión de Músicos, asesorado por la abogada Eva Moraga. En el momento en el que escribo estas líneas estamos a la espera de la respuesta del Ministro de Cultura a una carta enviada por estas asociaciones y a la que se sumaron la Federación de Asociaciones Ibéricas de Compositores (FAIC) y FEMA (Federación de Músicos Asociados) y para la que seguimos recabando apoyos (ya lo recibimos de AAT (Asociación de Autores de Teatro), ACE (Asociación Colegial de Escritores) y FESMA (Federación Española de Sociedades Mágicas), entre otros).

Una de las cuestiones planteadas en la carta, entre otras, es la consideración del ‘autónomo cultural’ con cuotas que se correspondan a la realidad de nuestros ingresos. Como decimos en ella, «Lo que demandamos, y se acogió por ser de justicia en el informe del Estatuto del Artista, es un sistema que permita a los trabajadores autónomos de nuestro sector estar de alta continuada, pero que tenga en cuenta los altibajos y la precariedad de nuestra actividad implementando las propuestas de dicho informe y nos ponga a la altura de otros países de nuestro entorno».

Pero, con independencia de la respuesta o actitud del Estado, lo sucedido durante estos dos últimos años demuestra que es nuestra actitud, la de los artistas y creadores, la que puede y debe marcar la diferencia. Sin trabajo en común, sin solidaridad entre nosotros, sin un modelo de asociacionismo que verdaderamente responda a los intereses de los trabajadores del sector, la cultura seguirá atrapada entre la precariedad de la inmensa mayoría y la posición dominante de unos pocos.

Aitana Galán.

Directora de escena y dramaturga

Febrero 2022, en Madrid.

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s